“Agravio presupuestario” de la Junta en torno al proyecto de reorganización de las sedes judiciales

GRANADA. Los operadores jurídicos, reunidos en la Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales, instan al Ejecutivo andaluz a que incluya una partida para este proyecto antes de la aprobación definitiva del Presupuesto 2022.

  • El órgano multisectorial solicitará una reunión con el presidente del Gobierno regional, Juan Manuel Moreno, para verificar la voluntad política de la Junta respecto a la reorganización de juzgados y tribunales en la ciudad.
  • El Colegio de Abogados de Granada lamenta la absoluta inactividad de la Consejería de Justicia en la búsqueda de un espacio en el centro de la ciudad que permita acabar con la dispersión judicial.

El Colegio de Abogados de Granada, representado por su decano, Leandro Cabrera, y su vicedecano, Antonio Mir, han asistido a una nueva reunión de la Mesa para la Unificación de las Sedes Judiciales convocada por el presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes, para analizar las últimas novedades en torno a esta histórica reivindicación de todos los operadores jurídicos de la ciudad y plantear acciones que contribuyan a su consecución. 

Durante el encuentro, la Abogacía granadina ha mostrado su profunda decepción por la no inclusión de ninguna partida para este proyecto dentro de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 2022, que se encuentra en trámite parlamentario. Por ello, tanto el colectivo profesional, como el resto de autoridades del ámbito jurídico que conforman la Mesa instan al Ejecutivo autonómico a que incorpore una enmienda en la ley en la que se consigne una cuantía económica para la unificación judicial de Granada dentro del eje La Caleta – Plaza Nueva. “Si no hay una partida presupuestaria antes de que se presupuesto sea aprobado supondrá que, por lo pronto, en 2022 no se va a avanzar absolutamente nada en esta actuación que llevamos demandando de forma unánime desde hace más de quince años”, lamenta Cabrera, que denuncia a su vez el “agravio presupuestario” con otras ciudades que ello supone.  

Así, mientras que otras instalaciones judiciales, como la Ciudad de la Justicia de Sevilla, Jaén o Cádiz sí cuentan con asignación presupuestaria de 650.000, 490.000 o 622.904 euros para 2022, respectivamente, para Granada solo se contempla una partida de 100.000 en 2022 para la rehabilitación de la sede de la Fiscalía, un importe que el Colegio de Abogados califica de “irrisorio”, dada la inversión global que precisa esta intervención, y que –vista la asignación de poco más de 300.000 euros prevista hasta 2025- dilatará en al menos 10 años la puesta a punto del edificio del antiguo Banco de España para que pueda acoger en él las oficinas de la Fiscalía provincial y autonómica y, de este modo, permita liberar espacio en el edificio de La Caleta. 

Por ello, los operadores jurídicos insisten en la viabilidad e idoneidad de las opciones de la actual sede del SEPE o de la antigua Delegación de Salud, emplazando a la Consejería de Justicia a que inicie de forma oficial y contundente las negociaciones con los propietarios de estos edificios. En este sentido, la Mesa ha acordado invitar al delegado del Gobierno en Granada, Pablo García, a asistir a la próxima reunión, que tendrá lugar antes de que termine el año, para que exponga cuál es la actual situación respecto a la reestructuración de las sedes judiciales. Tampoco descartan la alternativa del edificio de Gran Vía, ya que permitiría trasladar una jurisdicción (la Social, a priori), dejando espacio suficiente en La Caleta para acoger los juzgados unipersonales que hay en Plaza Nueva y facilitando el traslado de la Audiencia Provincial a este último emplazamiento. “La Junta descartó esta opción por el coste económico que supondría la adaptación del edificio, pero es que aun así seguiría siendo más barato que lo que están costando otros palacios de justicia en Andalucía”, puntualiza Cabrera.  

Asimismo, los representantes de los abogados granadinos reprochan a la Consejería de Justicia la “absoluta inactividad” para encontrar un espacio en el centro de la ciudad en el que albergar los juzgados y proceder a la reorganización judicial. “A pesar de que desde los colectivos profesionales estamos aportando propuestas válidas, advertimos una total pasividad por parte de la Junta en las gestiones necesarias para el desarrollo de las mismas, lo que nos lleva a pensar que estamos ante un intento camuflado de que claudiquemos en nuestro propósito de crear una ‘Justicia para la Ciudad’ a favor de una ‘Ciudad de la Justicia’, que es lo que parece desear el Gobierno regional”, denuncia el vicedecano. 

Ante esta incertidumbre en cuanto a la voluntad política de la Junta, la Mesa va a solicitar un encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, en los próximos días para trasladarle las reivindicaciones de los colectivos profesionales y recabar del máximo mandatario regional su confirmación sobre el apoyo de la Administración autonómica al proyecto de unificación judicial dentro del eje La Caleta – Plaza Nueva.

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