La Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social destinará más de 17,3 millones de euros en la provincia

La Estrategia Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social destinará más de 17,3 millones de euros en la provincia

GRANADA. Sánchez Rubio informa que dicha Estrategia actuará en el periodo 2018-2021 en 13 zonas de 10 municipios de la provincia y beneficiará a más de 129.600 personas.

La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha presentado en Guadix (Granada) la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, donde ha informado que este plan actuará en 13 zonas de 10 municipios con población vulnerable y en las que residen 129.600 personas.

Acompañada del presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y de la alcaldesa del municipio granadino, Inmaculada Olea, la consejera ha detallado que las zonas identificadas corresponden a los municipios de Atarfe, Baza, Fuentevaqueros, Granada, Guadix, Huéscar, Iznalloz, Loja, Motril y Pinos Puente. Para estas zonas, la Estrategia invertirá más de 17,3 millones de euros en el periodo 2018-2021.

Además, la consejera ha informado que “la provincia de Granada recibe para el Diseño y Elaboración de Planes Locales de Intervención en zonas desfavorecidas más de 108.000 euros, mientras que para la implantación, desarrollo y ejecución de las Estrategias Locales de Intervención en las zonas desfavorecidas, previa disposición del Plan Local de intervención, a través del refuerzo de personal en los servicios sociales comunitarios, va a recibir cerca de 3,9 millones de euros en 2018”.

Las actuaciones se llevarán a cabo en los barrios El Barranco y La Cañada (Atarfe), Cuevas (Baza), Barrio de Santa Ana (Fuentevaqueros), Distrito Norte y Santa Adela (Granada), Cuevas (Guadix), Barrio de las Cuevas (Huéscar), Barrio de la Peña (Iznalloz), el Alcazaba y Alafaguara (Loja), en Huerta Carrasco, San Antonio-Ancha y Varadero-Santa Adela (Motril) y en las barriadas Las Flores, Las Cuevas y Cerro Fáquila (Pinos Puente).

El proyecto se desarrollará a través de Planes Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas, que elaborarán los ayuntamientos y, en el caso de municipios de menos de 20.000 habitantes, las diputaciones provinciales. Serán aprobados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales con una duración mínima de cuatro años e incluirán un diagnóstico de la zona, las medidas par alcanzar los objetivos propuestos, los recursos necesarios y el perfil de las personas y grupos a los que van dirigidos.

Por otra parte, Sánchez Rubio ha señalado que “a nivel regional, la Junta de Andalucía destinará más de 169,5 millones de euros hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma”.

La estrategia arranca en 2018 con algo más de 37,2 millones de euros a través de dos convocatorias de ayudas. La primera, de casi 28 millones de euros, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, para entidades privadas sin ánimo de lucro, contará con más de 9,3 millones de euros.

La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha explicado que “las zonas incluidas en el documento han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros”.

También ha especificado que “la intervención se desarrollará bajo los criterios de participación de la ciudadanía, la integración de la perspectiva de género y el fomento de la solidaridad, la equidad, la interculturalidad y la diversidad, con un enfoque centrado en las personas y las familias. Partiendo de estos principios, se establecen cuatro grandes ejes: desarrollo económico y sostenible; políticas públicas para el bienestar y la cohesión social; mejora del hábitat y la convivencia, y trabajo en red para la intervención social comunitaria”.

Entre las medidas concretas que se desarrollarán destacan las dirigidas a evitar la ejecución de desalojos por el impago de alquileres o hipotecas; incrementar la empleabilidad, con especial atención a las mujeres; favorecer el comercio local; impulsar la economía social y solidaria; incrementar la dotación de equipamientos deportivos, culturales y sociales, y constituir una red de profesionales para apoyar la actuación en las zonas y reforzar el intercambio de conocimientos y experiencias.

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