Inma Omiste (IU-Equo) exige el cierre inmediato del chiringuito Oleaje

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MOTRIL. Denuncia que la tramitación seguida en el expediente de revocación a la empresa concesionaria ha hecho posible que se produjera el subarrendamiento irregular a otra empresa, la reapertura de negocio y la ejecución de obras en el edificio sin contar con las correspondientes licencias municipales.

“Las malas actuaciones municipales siguen permitiendo diversas irregularidades en torno a la revocación de su concesión administrativa, cuatro meses después de acordada por el Pleno”, señalan desde IU-Equo. Y añaden: “La empresa concesionaria sigue sin resolver la deuda que mantiene con el Ayuntamiento de Motril de, al menos, 150 mil euros y con los trabajadores, de 90 mil euros por impago de salarios”.

Inma Omiste ha afirmado que el trato que ha recibido la empresa concesionaria del chiringuito Oleaje por parte de la Administración municipal “es impensable que pudiera darse a cualquier pequeño negocio local y, desde luego, a ninguno de sus vecinos y vecinas a los que se exige el escrupuloso cumplimiento de sus obligaciones con la ciudad”.

La portavoz de IU-Equo no encuentra “otra explicación a esta diferencia del trato municipal que la debida a los ilustres apellidos que se encuentran tras la empresa que obtuvo la concesión de la parcela de titularidad municipal en Playa Granada por un alquiler irrisorio de 1.300 euros, que se ha permitido no abonar desde el mes de mayo de 2014”.

Omiste ha recordado que esta concesión fue tramitada y aprobada, en su momento, por el Gobierno local del Partido Popular que, en su opinión, “no ha estado muy acertado en la gestión de sus grandes proyectos, como sería este caso o el del Centro de Desarrollo Turístico que han resultado, finalmente, onerosos para la ciudad de Motril y para sus vecinas y sus vecinos”.

Omiste ha exigido a la alcaldesa de Motril el cierre inmediato de las instalaciones del chiringuito y la paralización de cualquier actuación para su posible reapertura “hasta tanto en cuanto la empresa no abone efectivamente los salarios que adeuda a los trabajadores (aproximadamente 90 mil euros), resuelva la deuda con los arcas municipales de 158 mil euros y se cumpla con los requisitos legalmente establecidos”.

Inma Omiste se ha preguntado por qué IU-Equo es el único grupo político que está denunciando este caso y defendiendo los intereses de los trabajadores y de la ciudad. “Dónde están aquellos a los que se les llena la boca con que Motril y los motrileños son lo único importante y lo primero cuando se está causando un importante quebranto económico a las arcas municipales y a trabajadores y proveedores también mayoritariamente motrileños. Por qué callan ahora”, se ha preguntado.

“Un repaso de las actuaciones llevadas a cabo pone de manifiesto, cuando menos, la falta de diligencia de los servicios técnicos municipales en la tramitación del expediente de revocación”, señalan desde IU-Equo.

“Se han concedido a la empresa concesionaria ampliaciones del plazo de presentación de alegaciones pese a la irrelevancia de las presentadas y la evidencia de que la empresa seguía una estrategia de dilación con el único objetivo de extender el plazo de resolución del expediente”, dicen desde la coalición.

“No se ha informado a la Corporación de la Resolución del Consejo Consultivo de Andalucía de fecha 6 de junio, inhibiéndose del asunto. Tampoco de la existencia de un documento de arrendamiento privado suscrito entre la empresa concesionaria y otra mercantil en fecha 7 de junio”, señalan desde IU-Equo. Además, añaden desde la coalición: “No se ha comunicado a la Corporación la solicitud del acreedor hipotecario (Banco de Sabadell) para ejercer el derecho de proponer sustituto al concesionario, de fecha 12 de junio y de la suspensión por el plazo de un mes de la tramitación del expediente, solicitada por esta entidad y concedida por el Ayuntamiento”.

“La secuencia de los trámites y las decisiones administrativas adoptadas ponen de manifiesto un procedimiento que no parece haber tenido como objetivo, en ningún momento, la defensa de los intereses municipales ni del interés general de la ciudad y ha conducido a la situación actual en la que la empresa concesionaria pretende desprenderse del negocio eludiendo sus responsabilidades después de haberlo explotado durante más de cuatro años de forma irregular”, concluyen desde IU-Equo.

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