El PA pide la ‘Declaración de Lesividad’ del acuerdo de ampliación del plazo de concesión con ‘Aguas y Servicios’

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MOTRIL. Presentan una moción para su debate en el próximo pleno de la Mancomunidad de Municipios.

El portavoz del Grupo Andalucista en la Mancomunidad, Juan Carlos Benavides, ha registrado una moción, para su debate en la próxima Junta General, en la que se solicita “la lesividad del acuerdo de ampliación del plazo de concesión de la gestión del servicio integral del agua realizado en el año 2013 y por un período de 25 años, a la empresa Aguas y Servicios”.

Juan Carlos Benavides manifiesta, en la nota, que, “ya dejamos clara en su momento nuestra posición contraria a la ampliación del contrato, puesto que entendíamos que no cumplía lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público y pedíamos la apertura de un concurso público, además del preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. Una posición que se ha visto reforzada por las conclusiones de la auditoría realizada a las cuentas de Aguas y Servicios entre 2010 y 2013, donde se cuestionan la legalidad de la ampliación de dicho contrato hasta diciembre de 2045”.

“Es por ello que pedimos en nuestra moción que se solicite informe al Consejo Consultivo de Andalucía, acerca de la legalidad de la ampliación concesional y de la posible vulneración o no de la Ley de Contratos del Sector Público, que los servicios técnicos y jurídicos de la Mancomunidad informen sobre la declaración de lesividad y las consecuencias jurídicas y económicas de la misma, y que una vez recabados estos informes, que la Junta General se pronuncie sobre la lesividad del acuerdo de ampliación del plazo de concesión con Aguas y Servicios”, concluye el portavoz Andalucista.


DECLARACIÓN DE LESIVIDAD DEL ACUERDO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CONCESIÓN A LA EMPRESA AGUAS Y SERVICIOS

Exposición de motivos:

La declaración de lesividad es un acto administrativo, regulado por la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, por el que una entidad administrativa considera dañino para los intereses públicos, un acto previamente dictado por ella misma y que tiene como finalidad poder solicitar su anulación. Un requisito que es previo para la impugnación ante la Jurisdicción contencioso-administrativa y su declaración de anulabilidad, tal como estable el Artículo 103 y concordantes de la citada Ley, referidos a la declaración de lesividad de actos anulables.

La Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada de fecha 20 de septiembre de 2013 aprobó, con carácter definitivo, el acuerdo de ampliar el plazo del contrato administrativo del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración con la empresa Aguas y Servicios de la Costa Tropical de Granada AIE, suscrito el 29 de diciembre de 1995, por un período de 25 años, que finalizaría el 28 de diciembre de 2045.

Con fecha 5 de diciembre de 2013, la Mancomunidad y la empresa Aguas y Servicios suscribieron el contrato de la ampliación concesional.

Un procedimiento del contrato que, entendemos, vulnera la Ley de Contratos del Sector Público, hecho que fue defendido por nuestro grupo en las correspondientes Juntas Generales de la Mancomunidad de fecha 1 de agosto y 20 de septiembre de 2013, presentando también el correspondiente Recurso de Reposición tras la aprobación inicial del acuerdo.

En dicho Recurso de Reposición, entre otras consideraciones, se manifestaba que el gobierno de la Mancomunidad estaba utilizando un procedimiento viciado para adjudicar a la empresa Aguas y Servicios la ampliación del contrato, eludiendo la obligación de apertura de concurso público y la solicitud del preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, con un acuerdo que, entendíamos, era lesivo para los intereses de los usuarios.

En fechas recientes, hemos tenido conocimiento del contenido de la auditoría externa que ha realizado la empresa Iberaudit Kreston, en el que se señala expresamente las serias dudas sobre la legalidad de la prórroga acordada en el contrato de 5 de diciembre de 2013.

En el primer dossier facilitado por la empresa auditora, se afirma: “La decisión de la Mancomunidad resulta cuestionable en la medida de que con su decisión puede entenderse alteradas sustancialmente las condiciones iniciales de la contratación. En efecto, con la decisión de la Mancomunidad se podría haber vulnerado el principio general de la contratación pública que se refiere a la libre concurrencia, puesto que al prorrogarse o ampliarse el contrato para compensar al concesionario de los desembolsos económicos que en este caso concreto viene a realizar lleva consigo que la Mancomunidad impide que al concluir el contrato se vuelva a licitar el mismo, conculcando de ese modo el derecho de los particulares o sociedades que legítimamente aspirasen a ser adjudicatarios del servicio a la conclusión del mismo, haciendo así ilusoria la libre concurrencia en la contratación pública.

Con esta decisión de ampliar el contrato, por parte de la Mancomunidad, se habría vulnerado el principio de igualdad y libre concurrencia, que se establece en la Ley de Contratos del Sector Público y el resto de legislación aplicable.

Además, prosigue la empresa auditora en su informe: “Ante las dudas, lo lógico hubiera sido solicitar, con carácter previo a la adopción de la medida, el pronunciamiento o bien de la Junta Consultiva de Contratación del Estado o bien de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía”. Una consulta que no se realizó.

Ante un cúmulo de actuaciones más que cuestionables, el informe de Iberaudit Kreston concluye que “con las consideraciones realizadas en los apartados anteriores… nos lleva a cuestionar la decisión de prorrogar el contrato”.

En base a todo lo anteriormente expuesto, el grupo Andalucista en la Mancomunidad eleva ante la Junta General de Mancomunidad las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO:

1º.- Solicitar informe al Consejo Consultivo de Andalucía, acerca de la legalidad de la ampliación concesional y posible vulneración o no de la Ley de Contratos del Sector Público.

2º.- Que los servicios técnicos y jurídicos de la Mancomunidad de Municipios informen sobre la declaración de lesividad, así como del contenido de las dudas acerca de la legalidad de la ampliación concesional a Aguas y Servicios que refleja el informe de la empresa auditora, y las consecuencias económicas que ésta declaración de lesividad tendría en los presupuestos y gestión del servicio del ciclo integral del agua.

3º.- Una vez recabado estos informes, que la Junta General se pronuncie sobre la lesividad del acuerdo de ampliación del plazo de concesión de la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración por un período de 25 años a la empresa Aguas y Servicios, aprobado por la Junta General de 20 de septiembre de 2013 y suscrito por ambas partes el 5 de diciembre de 2013.

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