El Plan Director por un Trabajo Digno logra regularizar casi 1.500 contratos en la provincia

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GRANADA. La segunda fase de este Plan supone la realización de actuaciones inspectoras en empresas de Granada para detectar fraudes en la contratación.

El Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio, ha logrado en su primera fase, regularizar, a fecha 30 de septiembre, 1.492 contratos de trabajadores que prestaban servicios en empresas de la provincia.

De los contratos que se han regularizado, 1.319 han sido contratos temporales que se han transformado en indefinidos y además se ha procedido a incrementar la jornada de 173 contratos a tiempo parcial.

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, ha explicado que el Plan Director para un Trabajo Digno 2018-2020, puesto en marcha por el Gobierno de España, tiene el objetivo principal el “recuperar los derechos laborales y mejorar la calidad del empleo y de las condiciones de trabajo de las personas”. Así, por una parte, se pretende afrontar y regularizar el fraude que se pudiera detectar en el ámbito de la contratación temporal y, por otra, generar un efecto disuasorio en aquellos que promuevan estos tipos de fraude que producen precarización laboral.

Dos fases

El Plan, puesto en marcha en agosto, contempla dos fases desarrolladas desde la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

En la primera fase, que es la que ha culminado ahora, se trata de detectar posibles situaciones de fraude, tanto en materia de contratación temporal como de trabajo a tiempo parcial. Las empresas con posibles situaciones de fraude fueron objeto, durante el mes de agosto, de una comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, informándoles de los datos obtenidos, instándoles a revisar su situación, y advirtiéndoles de la realización de actuaciones inspectoras de comprobación en caso de no regularización.

En una segunda fase, que se está desarrollando actualmente, se comprueba las modificaciones realizadas por las empresas. Aquellas que, a pesar de la comunicación recibida, continúan con la situación inicial, o solo la han modificado parcialmente, están siendo objeto de una actuación por parte de cada Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social para la comprobación de tales extremos, adoptando las medidas que resulten preceptivas.

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