Cs reivindica al Gobierno una mejor planificación para minimizar el impacto de las inundaciones en la provincia

Luis Salvador, diputado granadino de Cs

GRANADA. “Las administraciones públicas desempeñan un papel esencial para hacer frente a los fenómenos naturales que pueden poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos”, asegura el diputado granadino de Cs en el Congreso Luis Salvador.

El diputado granadino del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) en el Congreso, Luis Salvador, ha reivindicado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una mejor planificación de las medidas que lleva a cabo para hacer frente a las inundaciones en la provincia de Granada, de forma que se permita agilizar las actuaciones de los servicios de Protección Civil, se facilite la transmisión de información sobre las zonas inundables a las administraciones competentes y se dé a conocer a los ciudadanos la peligrosidad de algunas zonas determinadas.

“Año tras año, las inundaciones constituyen el riesgo natural que a lo largo del tiempo ha producido mayores daños tanto materiales como en pérdida de vidas humanas, por lo que la lucha contra sus efectos negativos debe ser una constante en la política de aguas y de protección civil”, ha señalado Salvador, quien ha elevado a las Cortes una pregunta escrita en este sentido.

Según ha especificado el diputado, en la provincia de Granada existen zonas geográficas como la Costa y la Vega, además de las comarcas de Baza y Guadix en una menor medida, que presentan una mayor susceptibilidad de sufrir inundaciones y que aparecen así contempladas dentro del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), un instrumento de apoyo a la gestión del espacio fluvial y para la planificación de las actuaciones de defensa ante las inundaciones. “Gran parte de la provincia ya ha sido analizada por el SNCZI, pero aún quedan amplias zonas por estudiar y que también presentan una alta peligrosidad ante el riesgo de inundaciones”, ha valorado Salvador, quien ha resaltado el “importante papel que deben jugar las administraciones públicas para hacer frente a los fenómenos naturales que pueden poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos”.

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