“La nueva Ley de Contratos del Sector Público”, por Francisco Contreras

Francisco Contreras EscribanoFrancisco Contreras Escribano. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, conforme determina en su Disposición Final decimosexta “entrada en vigor”, tendrá plena efectividad en nuestro ordenamiento jurídico a partir del día 9 de marzo actual. Con ella se cumple con la obligación que tienen los estados miembros de la Unión Europea de transponer las Directivas a sus derechos nacionales. Por tanto, esta norma supone incorporar al derecho español el contenido en materia de contratación pública dictado por la Unión.

La norma es extensa, consta de 347 artículos, 53 disposiciones adicionales, 5 transitorias, 1 derogatoria, 16 finales y 6 anexos. Si a esto se añade que sus preceptos se hacen interminables, casi podría afirmarse, que la pretensión es ser ley y reglamento a la vez.

Esta ley queda sujeta a la llamada “teoría de los círculos”, de tal forma que en su estructura se contempla la diferenciación del Sector Público, el poder adjudicador y la administración pública.

Entre los objetivos perseguidos están la lucha contra la corrupción (en su redacción habla del principio de integridad), simplificación de trámites, disminución de la burocracia en la licitación, facilitar una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), obtención de mayor calidad.

Aparece en esta norma, con independencia de las definiciones de sector público, la figura de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, (cuando reúnan algunos de los requisitos propios de un poder adjudicador), entre las entidades consideradas como poder adjudicador, respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada, debiendo actuar conforme a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación…, es decir, a efectos de esta Ley se les considera administración pública.

Además se incluyen en los criterios de adjudicación aspectos medioambientales, sociales, innovadores, vinculándolos al objeto del propio contrato.

En lo referente a la tipología de contratos, queda así:

  • Contrato de obras.
  • Contrato de concesión de obras.
  • Contrato de concesión de servicios.
  • Contrato de suministro.
  • Contrato de servicios.
  • Contratos mixtos.

El contrato de obra, queda inalterado aunque el concepto de obra completa se matiza: “entendiendo por tal la que es susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, comprendiendo todos los elementos precisos para la utilización de la obra, sin perjuicio de ampliaciones futuras”.

Se mantiene el contrato de concesión de obras, el contrato de suministro continúa sin cambios. El contrato de concesión de servicios, continúa igual, pero se renueva en lo referente a los sujetos que pueden realizarlo, incluyendo a partir de ahora expresamente a los poderes adjudicadores. A la definición del contrato de servicios se agrega que no podrán ser objeto de este contrato aquellos servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Lo que interpretado a “sensu contrario” se puede pensar que esas situaciones se han dado y que se pretenden erradicar.

Y llegados a este punto, se abre un interrogante ¿puede actuar la administración en la ejecución de un contrato por medios propios?

En efecto, el artículo 30 de la Ley preceptúa que cabe la ejecución directa con medios propios, en circunstancias concretas que la norma enumera, aunque se restringen los condicionantes para de esta manera aumentar la competencia. Es decir, parece ser que lo que se persigue es dejar a la administración un papel secundario o residual en la prestación y realización de actividades, pasando todo el peso al sector privado.

Se contrapone el espíritu de la ley con una sociedad propia del Estado del Bienestar sustentado en la base de lo público.

Caminamos a pasos agigantados a la definitiva sepultura del Estado del Bienestar, a la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que coarta la autonomía financiera y la inversión publica de las entidades públicas, se le une esta nueva Ley de contratos del sector público, para casi certificar su defunción.

Francisco Contreras Escribano
Abogado
Profesor titular de Formación y Orientación Laboral

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