Para Podemos el desahucio de Vanesa y Omar es una sucesión de despropósitos

Visita a los juzgados de Pedro Arrojo y Sergio Pascual en relación al desahucio de Vanesa y Omar

MOTRIL. Sergio Pascual y Pedro Arrojo, diputados de Unidos Podemos en el Congreso, han estado esta mañana en los juzgados de Motril mediando en el caso de Vanesa y Omar. Posteriormente, junto a miembros de Stop Desahucios Motril, han visitado las oficina del banco Popular para encontrar una solución a lo que no parece más que una sucesión de despropósitos, una situación propia de Berlanga.

Según ha podido conocer la formación morada, Vanesa, Omar y sus 4 hijos menores de edad encontraron la puerta de su domicilio cerrada con una sobrepuerta de seguridad al volver de una ausencia de 4 días por motivos familiares. La familia está en proceso de desahucio, con una sentecia recurrida ante la Audiencia Provincial, cuya resolución es previsible para finales de este año. Tras un largo ir y venir al juzgado y al banco Popular, propietario del inmueble, se descubre que ha sido la entidad Bankia quien ha cerrado la vivienda por error.

Pese a tratarse de un error, la familia ha pasado 3 semanas en la calle sin acceso a sus pertenencias y sin que juzgados ni administraciones tomen cartas en el asunto antes de que el viernes 19 de agosto, con la intervención de los Servicios Sociales, se haya podido conseguir un alquiler temporal para la familia.

Sergio Pascual ha declarado a la salida del juzgado, donde los diputados de Unidos Podemos han podido hablar con el fiscal y el juez de guardia, que sentían decepción y tenían la sensación de que una familia que está en trámites de dilucidar qué sucede con su proceso de desahucio, pierde sus derechos como ciudadanos. En el caso de Vanesa y Omar, ha sido un tercero quien ha allanado su vivienda, y el hecho de estar en un procedimiento de desahucio ha servido para que nadie acudiera a solventarlo, ni el banco propietario, que no es quien ha dado la patada a la puerta, ni los juzgados, ni la policía han restituido sus derechos. “Hemos puesto en conocimiento de las instancia judiciales lo que estaba sucediendo, porque con esta presunción de culpabilidad que tiene la gente con menos recursos de este país toda la instancia judicial derivaba al procedimiento de desahucio lo que había ocurrido, cuando lo que ha ocurrido es otra cosa: un tercero ha allanado de forma ilegal la vivienda de los afectados”.

Pedro Arrojo ha insistido en que “se está produciendo un tratamiento discriminatorio y eludiendo la aplicación de urgencia para derechos básicos de cualquier familia. Éste es un delito que se está produciendo ahora, ya que hay unos niños que están en la calle y no tienen acceso a sus bienes muebles”.

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