Mancomunidad acuerda esclarecer la posible lesividad de la ampliación del contrato con ‘Aguas y Servicios’

La delegada de Economía de Mancomunidad considera que el PP se posicionó “a favor de una empresa privada en lugar de hacerlo del lado de los ciudadanos”

MOTRIL. La delegada de Economía de Mancomunidad considera que el PP se posicionó “a favor de una empresa privada en lugar de hacerlo del lado de los ciudadanos”.

Mª José Sánchez ha acusado al PP de posicionarse a favor de una empresa privada en lugar de hacerlo del lado de los ciudadanos, durante el proceso de ampliación del contrato de la Mancomunidad de la Costa Tropical con Aguas y Servicios.

Estas declaraciones las realizaba Sánchez durante el debate de la moción presentada por el portavoz del grupo andalucista, Juan Carlos Benavides, en la que se proponía solicitar informe al Consejo Consultivo de Andalucía, acerca de la legalidad de la ampliación concesional del contrato con Aguas y Servicios, y la posible vulneración o no de la Ley de Contratos del Sector Público.

En el debate y con los votos en contra del PP, se acordó anular el texto de la moción presentada por el PA y ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del ente comarcal, en la línea de esclarecer la posible lesividad del acuerdo de ampliación, por un período de 25 años, de la concesión.

Este asunto acaparaba la práctica totalidad del pleno de la Junta General, llegando a alcanzar un tono álgido ante las sucesivas interrupciones por parte de los vocales del grupo popular, llamados al orden por la presidencia en varias ocasiones.

La delegada de Economía se mostró muy contundente a la hora de acusar al PP, al frente del anterior gobierno de Mancomunidad, de haberse posicionado “a favor de una empresa privada en lugar de hacerlo del lado de los ciudadanos” cuando optaron por ampliar el plazo de la concesión del servicio durante 25 años más, obviando que esa operación que adelantaba 20.800.000 euros a los ayuntamientos de los municipios que conforman la Mancomunidad, generaba unos intereses que superaban los 16 millones de euros, “concretamente, los ciudadanos tendrán que devolver 35.233.222 euros, que deberían abonarse, según refleja el informe de Intervención emitido en su día “con incrementos en los recibos de agua”.

Sánchez afirmaba: “El informe de intervención del 31 de julio de 2013, afirma que esos intereses serán recuperados mediante el incremento de las tarifas correspondientes a las tasas por prestación del servicio, algo que usted negó en su día, afirmando en la prensa que precisamente la ampliación era para no subir el agua en 35 años”, y añadía: “Si, es cierto que nosotros votamos a favor, pero si entonces hubiera tenido el conocimiento y los informes de Intervención a los que he podido acceder ahora sobre esa espectacular ampliación del contrato que nos vendieron, le aseguro que mi voto y el de mi grupo habría sido diferente porque, ahora sabemos que a largo plazo, esa ampliación es muy perjudicial para esta Mancomunidad y sus ciudadanos”.

La portavoz del gobierno concluyó así su intervención: “Lo que pretendemos es intentar velar lo máximo posible por los ciudadanos, para no subir más el agua y por no gravar más la situación en la que se encuentran muchas familias. Que no se le olvide que nosotros estamos aquí para velar por los intereses de los ciudadanos”.

Finalmente, la propuesta presentada por el portavoz del grupo andalucista, Juan Carlos Benavides, quedó aprobada con el voto en contra del grupo Popular.

OTROS ASUNTOS

La Presidencia de la Junta General también dio conocimiento de la solicitud de subvención del Taller de Empleo “Entre Sierras” en los municipios de Jete, Otívar y Lentegí; así como del informe del cuarto trimestre de 2015, sobre el cumplimiento de plazos previstos para el pago de las obligaciones de Mancomunidad.

A propuesta de Francisco Gutiérrez, Delegado de Coordinación Intermunicipal, resultó aprobada la petición de solicitar a la Diputación Provincial de Granada que en los próximos Planes de actuación de la Red Provincial de Carreteras, contemplen y den prioridad a la conexión Lújar-Lagos, actuación que permitiría mejorar la comunicación de estos pueblos y facilitaría la salida hacia la autovía con Granada y Málaga, por la Gorgoracha.

También, y a propuesta de la delegada de Agricultura, Antonia Antequera, se aprobó, con la abstención de IU, solicitar a la Junta General que impulse una Red de Plantas de Transferencia de residuos vegetales en la zona oriental de la Costa de Granada, instando al Gobierno de la Diputación a que, en colaboración con Mancomunidad y los Ayuntamientos que la componen, se articule un sistema de recogida y transporte de los residuos vegetales que genera la agricultura intensiva bajo plástico a la Planta de Tratamiento de Residuos Vegetales de Motril. También propuso estudiar la posibilidad de hacer un acceso directo al camino de acceso a la planta de Tratamiento desde la rotonda de salida de la A-7 – Motril/Puerto, que reduzca la distancia del transporte de residuos vegetales, e impulsar la construcción de una Red de Plantas de Transferencia que permita el almacenamiento y compactaje de los residuos vegetales, haciendo más viable la recogida y reduciendo los gastos de transporte hasta Motril.

Por último, se designaron a los representantes en el Patronato de la Fundación UNED-Motril, en las personas de Sergio García y Antonio García Peñalver.

MOCIONES

Además de la que presentaba el Partido Andalucista sobre la declaración de lesividad del acuerdo de ampliación del plazo de concesión a Aguas y Servicios, la portavoz de Izquierda Unida, Inmaculado Omiste, presentó una moción que solicitaba el rescate de la gestión del Servicio del Agua y depuración de responsabilidades, afirmando “nosotros lo único que pedimos es que se esclarezcan los términos de la prórroga del contrato en defensa de los intereses de lo público y de los propios ciudadanos”, moción rechazada con la abstención del grupo andalucista.

Por último, el PP solicitó la construcción por vía de urgencia de las obras del camino del Pelaillo de Motril, “para que los vecinos y los comercios afectados de la zona no sufran los graves problemas que vienen padeciendo cada vez que se producen unas lluvias de intensidad mayor de la habitual”, recibiendo la respuesta de Antonio Escámez, delegado de Obras, anunciando que “ahora esas obras sí se pueden hacer por lo que comenzarán en pocas semanas”. Escámez aclaró que la tramitación ha sido lenta y compleja pero que ya se cuentan con los informes técnicos y de la Junta que autorizan la actuación. La propuesta fue aprobada por unanimidad, dándose por concluida la primera Junta General del 2016.

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