ALMUÑÉCAR. La Ley de protección de la Seguridad Ciudadana se aprobó el pasado mes de diciembre en el Congreso con la oposición de todos los grupos parlamentarios a excepción del Partido Popular y está pendiente de ser aprobada definitivamente por el Senado.
Ha provocado movilizaciones, a lo largo de todo el territorio español, de repulsa ante la restrictiva norma que, según la coalición de izquierdas, amenaza derechos fundamentales como el de reunión, huelga, libertad de expresión, Sigue leyendo
