El Ayuntamiento de Motril presenta a través del despacho Aránguez Abogados denuncia penal contra varios agentes de la Policía Local

MOTRIL. El despacho Aránguez Abogados ha presentado denuncia penal ante la Sección Territorial de Motril de la Fiscalía Provincial de Granada, en representación del Excmo. Ayuntamiento de Motril, contra varios agentes de la Policía Local por la presunta comisión de un Delito Continuado del artículo 409 del Código Penal (abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público).

«Entre julio de 2022 y abril de 2023, un elevado número de Policías Locales de Motril (Granada), actuando de común y previo acuerdo, decidieron abandonar de forma intermitente sus funciones relativas a la seguridad ciudadana, generando un grave perjuicio al servicio público, todo ello como medida de presión ante el Ayuntamiento al que solicitan determinadas mejoras salariales», señalan desde el despacho.

«En concreto, para ejecutar dicho plan, se coordinaron a través de redes sociales y en determinadas reuniones, seleccionando las fechas y turnos en las que el abandono del servicio podría generar un mayor impacto (eligiendo a tal efecto los días de verano con más afluencia de visitantes, la Carrera de San Silvestre y algunos actos navideños, así como las procesiones de Semana Santa)», dicen en su nota desde el despacho.

«Esta actuación ya había sido realizada en ocasiones anteriores, siempre en fechas de máxima afluencia de personas en el municipio, habiendo llegando incluso a provocar que en determinados turnos de trabajo tuvieran que personarse en la comisaría funcionarios de policía local fuera de servicio de su jornada laboral, ya que ninguna agente se había acudido su puesto de trabajo, para hacerse cargo de la vigilancia del edificio y atender la centralita de teléfonos», relatan desde el despacho.

«Estos hechos ponen en riesgo la seguridad de una ciudad en las épocas más sensibles, y pueden poner en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos y visitantes. Por este motivo, se ha interpuesto denuncia ante la Fiscalía para que evalúe si existe responsabilidad penal por abandono colectivo de un servicio esencial», concluyen desde el despacho Aránguez Abogados.

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