NACIONAL. Se suspenderá la regla de gasto en 2020, se prorrogará el uso del superávit de 2019 para inversiones financieramente sostenibles y se concederán mejores condiciones financieras para ayuntamientos con problemas económicos.

• Con esta batería de medidas, cuyo impacto supera los 3.000 millones de euros, el Gobierno reitera su «compromiso con el municipalismo en un momento de crisis por la pandemia».
• Hacienda lamenta que la solución aportada para el uso de los remanentes no haya sido aprobada y reitera su disposición a escuchar las propuestas alternativas que realicen las formaciones políticas.

El Ministerio de Hacienda impulsará en las próximas semanas un nuevo Real Decreto-ley «para que las Entidades Locales tengan más recursos y un mayor margen presupuestario con el que afrontar la actual crisis provocada por la pandemia de la COVID-19».

En ese texto normativo, cuyo impacto superará los 3.000 millones de euros, se incluirán las medidas «más urgentes e imprescindibles» para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso.

El Gobierno dice ser consciente de la importancia de los municipios «para abordar  la fase de reconstrucción económica y social del país al ser la  administración más cercana a los ciudadanos». Por ese motivo, la ministra  de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que «recuperará las  medidas de liquidez y alivio financiero más necesarias y urgentes para los  ayuntamientos». Medidas que se incluyeron en el Real Decreto-ley 27/2020, que no fue convalidado, y que el Gobierno considera prioritario  implementar «para garantizar que los municipios sigan prestando servicios  públicos de calidad». 

Así, Hacienda dice estar comprometida en habilitar las entregas a cuenta y la  liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones. También dice apostar por suspender la regla de gasto en 2020 y  ofrecer mejores condiciones financieras a los ayuntamientos con  problemas, entre otras. 

Con esta nueva iniciativa, el departamento que dirige María Jesús Montero  «muestra su apoyo a los municipios y mantiene la estrategia de no dejar a  nadie atrás, incluidas las administraciones locales». 

Regla de gasto 

Entre las medidas que el nuevo Real Decreto-ley recuperará de la norma  anterior y que contaban con un amplio respaldo de la Cámara Baja se  encuentra la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. También  prorrogar para 2020 el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones  financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones. 

Asimismo, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones  financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando  con superávit de 2018. El impacto potencial podría alcanzar hasta los 621  millones de euros. También se habilita la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio  en equilibrio presupuestario.  

Además, con carácter excepcional se permitirá que las Diputaciones  Forales y los Cabildos Insulares de Canarias puedan utilizar el superávit  de 2019 para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales concertados o en los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan  exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del  Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Ayuntamientos en riesgo financiero 

Hacienda también recogerá en este nuevo decreto las medidas relativas a  aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las  Entidades Locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la  Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de  Ordenación.  

También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del  Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a  préstamos con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos  ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que  tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a  corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería.  

Se permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes  puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Así, podrán  formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el  superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios  con problemas.  

Sistema de financiación  

Otro aspecto fundamental que también se recuperará en este nuevo  decreto tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la  liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo  que supone para los ayuntamientos 634 millones.  

También se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para  atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales  en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos  importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia  sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han  aumentado en 821,9 millones de euros en 2020.

Por último, se recoge un procedimiento de tramitación urgente de  modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos  extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria. 

Remanentes 

El nuevo Real Decreto-ley no adoptará medidas relativas a los remanentes  de tesorería de los ayuntamientos al ser un punto que «ha evidenciado una  falta de consenso por parte de los diferentes grupos políticos en el  Congreso». El Ministerio de Hacienda lamenta que la propuesta pactada  con la FEMP «y que suponía poner solución a un problema estructural y  complejo como es el uso de los remanentes de tesorería» no haya tenido el  respaldo del Congreso. En cualquier caso, «eso no puede impedir que otras  medidas urgentes y que benefician a los ayuntamientos queden sin  ejecutarse».  

En cualquier caso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste  en que su departamento «tiene la mejor de las disposiciones para escuchar  las propuestas y soluciones alternativas que propongan los partidos políticos o los propios ayuntamientos». Hacienda confía en que «será posible encontrar una solución ajustada a la ley que permita atender las reclamaciones y necesidades de los ayuntamientos para que los remanentes que hoy generan costes e intereses a los consistorios se puedan poner al servicio de la recuperación económica y social que  necesitan los ciudadanos».