Desarticula una organización criminal dedicada a regularizar ilegalmente ciudadanos extranjeros

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GRANADA. Desarticulada por la Policía Nacional, la regularización se hacía mediante la constitución de parejas de hecho, altas en la seguridad social y empadronamientos falsos.

La investigación se enmarca en la “Operación Casamentera” cuya primera fase se llevó a cabo en el mes de marzo con la detención de cuatro personas por delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración clandestina y falsedad documental mediante la realización de matrimonios de conveniencia con el fin de obtener autorizaciones de residencia y trabajo como beneficiarios de cónyuges de ciudadanos de la Unión Europea

En la segunda fase se ha investigado a 14 personas, de las que 13 han sido detenidas, todas ellas en Granada, entre las que se encuentran un abogado y un gestor

Los miembros de la organización establecieron un reparto de tareas en el que una mujer captaba a ciudadanos extranjeros, otra buscaba chicas jóvenes españolas con problemas económicos, un abogado realizaba los trámites oficiales y suponía una garantía para los extranjeros, que pagaban entre 5.000 y 12.000 euros por regularizarse y un gestor encargado de tramitar altas ficticias, así como otras personas que autorizaban los empadronamientos falsos

15-julio-2019.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Granada a 13 personas y han investigado a otra más por presuntos delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración clandestina y falsedad documental.

Investigación policial realizada en dos fases

La investigación se enmarca en la “Operación Casamentera” cuya primera fase se llevó a cabo en el mes de marzo con la detención de cuatro personas por delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración clandestina y falsedad documental mediante la realización de matrimonios de conveniencia con el fin de obtener autorizaciones de residencia y trabajo como beneficiarios de cónyuges de ciudadanos de la Unión Europea.

Como resultado del análisis de la documentación intervenida en los registros practicados en la primera fase se amplió la investigación y esta segunda ha culminado con el descubrimiento de un total de cinco parejas de hecho falsas más, una de las cuales habría logrado regularizar al ciudadano extranjero que, casualmente, se trasladó de inmediato a otros países de la Unión Europea tras obtener su permiso de residencia con pruebas falsas. Además de constituir falsos trabajadores autónomos y dar altas ficticias para acreditar que disponían de solvencia económica y empadronarse falsamente.

La investigación ha determinado las falsedades de todas las relaciones laborales, como trabajadores autónomos y asalariados de las españolas que daban derecho de residencia a los extranjeros y de todos los empadronamientos, todo ello orquestado para la regularización ilegal de extranjeros que se hallaban en España en situación irregular.

Roles previamente establecidos

El entramado delictivo, integrante de un grupo criminal, estaba compuesto por varias personas, siendo la “cabecilla” una mujer de origen marroquí nacionalizada española, encargada de buscar extranjeros en situación irregular y de su mismo origen, otra que buscaba chicas jóvenes españolas con problemas económicos, un abogado que realizaba los trámites oficiales y suponía una garantía para los extranjeros que pagaban entre 5000 y 12000 € por regularizarse, un gestor que tramitaba las altas ficticias y otras personas que autorizaban los empadronamientos falsos.

Agentes del Grupo UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada han obtenido indicios de autoría sobre un total de 14 personas de las cuales 13 han sido detenidas y una más investigada, entre las que se encuentran el abogado y el gestor, sobre delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal. Además se han anulado o denegado todos los expedientes de regularización de los ciudadanos extranjeros, dado de baja todas las parejas registradas y declarado ficticias y nulas todas las altas en Seguridad Social.

El resultado de esta investigación ya ha sido comunicado a la autoridad judicial.

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