Los Andalucistas piden se congelen las tarifas del agua a Mancomunidad

La delegada de Economía de Mancomunidad considera que el PP se posicionó “a favor de una empresa privada en lugar de hacerlo del lado de los ciudadanos”

COSTA TROPICAL. Juan Carlos Benavides: “Es urgente la finalización de la auditoría externa para conocer los datos reales de los costes del servicio, antes de aprobar cualquier subida de los recibos”.

El Grupo Andalucista en la Mancomunidad de Municipios ha presentado una alegación a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación de los servicios vinculados al ciclo integral del agua. En ella solicitan que queden sin efecto las subidas propuestas en los recibos del agua, tanto la de 2017 del 5,2%, como la estimación para 2018, del 2,51%. “Una congelación de los recibos, que debe mantenerse hasta que no se conozcan los informes definitivos de la auditoría externa encargada por la Mancomunidad, para evaluar los costes reales del servicio del ciclo integral del agua desde el año 2010”, afirma Juan Carlos Benavides, quien insta la urgente finalización de la misma.

Según ha informado el portavoz Andalucista, “sí conocemos los resultados provisionales de dicha auditoría, que han arrojado serias dudas sobre la contabilidad de la empresa y, lo que es fundamental, sobre aspectos esenciales de la gestión del servicio, especialmente la legalidad de la prórroga del contrato a Aguas y Servicios hasta el año 2045, realizada sin concurso público en diciembre de 2013 con gobierno del PP en la Mancomunidad, y que contó con nuestro voto en contra. Entonces y ahora, advertíamos que el contrato era lesivo para los intereses generales de los vecinos y usuarios de la Costa Tropical”

“Por otra parte, tal y como venimos reclamando desde el cambio a tasa en 2013, solicitamos que la ordenanza se tramite como una tarifa, lo que obligaría a un informe vinculante de los organismos competentes de la Junta de Andalucía, y que se traduciría en mayores garantías en la gestión y la transparencia del servicio para los consumidores. Un servicio que, por otra parte, deberá ser considerado como una tarifa debido a los cambios normativos previstos para marzo de 2018”, informa Juan Carlos Benavides.


ALEGACIÓN A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS VINCULADOS AL CICLO INTEGRAL DEL AGUA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Boletín Oficial de la Provincia de Granada de fecha 7 de noviembre de 2017 ha publicado la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de los servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua, aprobado por la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de fecha 3 de noviembre de 2017. Se establece un plazo de treinta días hábiles para que las personas que se consideren legitimadas puedan presentar alegaciones o reclamaciones al mismo. En ese sentido, como representantes políticos de los ciudadanos de la Costa Tropical en esta Mancomunidad, presentamos esta alegación.

Primera.- Como es bien conocido, el servicio integral de tratamiento de agua, saneamiento y depuración, no se presta directamente por la Mancomunidad de Municipios, sino a través de la empresa Aguas y Servicios de la Costa Tropical SA. Los ingresos tarifarios son percibidos directamente por la empresa concesionaria, y no pasan a engrosar las arcas de la Mancomunidad, ni se incluyen en la partida de ingresos ni en la de gastos de su presupuesto anual.

Con fecha 20 de septiembre de 2013, la Junta General de la Mancomunidad acordó la aprobación definitiva de la imposición de la Tasa por la prestación de los servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la misma. Con anterioridad, y hasta ese día, la Ordenanza Reguladora se tramitó y aprobó como Precio Público. Este cambio a TASA tenía como objeto eludir los controles preceptivos de la Junta de Andalucía, obligatorios para el PRECIO PÚBLICO, pero no para la Tasa.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, el ejercicio de la potestad tributaria de la administración, se traduce en la fijación de TASAS O PRECIOS PÚBLICOS, como ingresos exigidos por unas determinadas prestaciones públicas y destinadas a cubrir este gasto público, INGRESOS QUE ADEMÁS PASARÁN A FORMAR PARTE DEL PRESUPUESTO PÚBLICO. Es decir la tasa se regula por norma de derecho público y se exigirá un procedimiento coactivo, ingresándose en el presupuesto público.

En esa línea se pronunció, mediante la correspondiente sentencia, la sección 2 de la Sala tercera del Tribunal Supremo el 24 de septiembre de 2012, en recurso de casación 4788/10.El tribunal en sus fundamentos de derecho manifiesta, “que bajo la vigencia de la ley tributaria del 2003 (art. 2.2) y del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas locales de 2004 (art 20.1.p), los usuarios han de financiar el servicio a través de una tasa que pasa a engrosar la partida de ingresos del presupuesto local con independencia de la forma que se gestione, ya que se trata de servicios de recepción obligatoria (art 25.2.1) de Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.”

Es por lo que entendemos, desde el grupo Andalucista, que no se está realizando correctamente la gestión económica de la prestación del servicio del Ciclo Integral del Agua, ya que, tras aprobarse como tasa en el año 2013, el procedimiento que establece la legislación no se ha llevado adecuadamente, luego la aprobación de la tasa ha sido tan solo a efectos nominales, pero no administrativos ni efectivos.

Desde nuestro grupo entendemos que la tramitación como PRECIO PÚBLICO obligaría a un informe preceptivo y vinculante de los organismos competentes de la Junta de Andalucía, lo que aumentaría la transparencia, y las garantías para los usuarios, del servicio.

Segunda.- El artículo 281 del Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, referido a ‘Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos’ establece que: “El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.”

En esa línea se pronuncia, en referencia a este asunto, la Sra. Interventora Accidental de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, en su informe de fecha 12 de diciembre de 2016. En el mismo reproduce dicha Ley y artículo, reiterando que, “el contratista tiene derecho a las prestaciones económicas previstas en el contrato”, las cuales “percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración”. Es decir, la Interventora reconoce la posibilidad o dualidad de que la recaudación sea realizada, o bien por la empresa concesionaria, o bien percibida directamente por la Mancomunidad de Municipios a través de una cuenta propia, y que ésta abone a la empresa la prestación económica que le corresponda según contrato.

Asimismo, manifiesta la Interventora en el mismo informe que “se han realizado consultas al respecto a la Dirección General de Tributos, para que emita respuesta vinculante a la consulta formulada, una vez obtenida la misma se dará traslado a la Presidencia y a la Junta General”. A día de hoy, lamentablemente, no tenemos respuesta.

En esa línea, desde nuestro grupo reiteramos nuestra petición de que los ingresos de la tasa por la prestación de los servicios vinculados al Ciclo Integral de Agua se realicen directamente en la cuenta general de la Mancomunidad, y por lo tanto sean incorporados a su presupuesto, y que ésta abone a Aguas y Servicios la retribución o prestación económica correspondiente.

Tercera.- Hace cinco años, con fecha 11 de abril de 2012, la Mancomunidad de Municipios adjudicó la realización de una auditoría externa a la empresa Iberaudit Kreston, sobre la verificación de cumplimiento de la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical durante los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013, por parte de la empresa concesionaria Aguas y Servicios.

A pesar del tiempo transcurrido, más de cinco años, aún no se tienen las conclusiones de dicha auditoría. De hecho, el pasado 29 de noviembre, y a petición de nuestro grupo, el Presidente de la Mancomunidad informó “que dicha auditoría está pendiente de finalización por parte de la empresa a la que se realizó el encargo.”

Sin embargo, sí conocemos las conclusiones provisionales de la misma, a través del “Primer dossier de ejecución del contrato de prestación de servicio de verificación del cumplimiento de la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en la MMCT de Granada durante los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013”, realizado por la empresa Iberaudit Kreston.

Tras el estudio de este documento, consideramos que sus conclusiones son escandalosas, pues ponen de manifiesto importantes irregularidades en la contabilidad y cuestiona la prórroga de la gestión de los servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua a la empresa concesionaria Aguas y Servicios del año 2013.

En segundo lugar, y de especial trascendencia, el informe de la auditoría afirma que “resulta cuestionable” la decisión de la Mancomunidad, de diciembre de 2013, de prorrogar el contrato hasta el año 2045, conculcando, entre otros el principio de “libre concurrencia en la contratación pública”…, “sin solicitar, con carácter previo a la adopción de la medida el pronunciamiento de la Comisión Consultiva de Contratación del Estado”.

Es la auditoría quien cuestiona la legalidad de la prórroga de la concesión, aprobada con el voto en contra del grupo Andalucista (entonces Convergencia Andaluza), que se opuso a la renovación del contrato a Aguas y Servicios, de forma automática y sin guardar el debido procedimiento establecido por la Ley de Contratos. Entonces y ahora, advertíamos que el contrato era lesivo para los intereses generales de los vecinos y usuarios de la Costa Tropical. Lo mismo que, en paralelo, la implementación de un canon concesional, por el uso de las infraestructuras, por un total de 20,8 millones de euros, a pagar en los recibos del agua durante 17 años y con unos intereses desorbitados, rayanos en la usura. Un canon que no tiene carácter finalista y que sirvió, de forma más o menos encubierta, para hacer la campaña electoral en las pasadas municipales de mayo de 2015.

Por su trascendencia, reproducimos literalmente algunos párrafos del informe referidos a la prórroga de la concesión:

“Con fecha 05 de diciembre de 2013, se suscribe un documento entre el órgano de contratación y la contratista en el que, entre otras cuestiones, se amplía el plazo concesional “por un tiempo de 25 años más, que finalizaría el 28 de diciembre de 2045”.

“La decisión de la Mancomunidad resulta cuestionable en la medida de que con su decisión puede entenderse alteradas sustancialmente las condiciones iniciales de la contratación. En efecto, con la decisión de la Mancomunidad se podría haber vulnerado el principio general de la contratación pública que se refiere a la libre concurrencia, puesto que al prorrogarse o ampliarse el contrato para compensar al concesionario de los desembolsos económicos que en este caso concreto viene a realizar lleva consigo que la Mancomunidad impide que al concluir el contrato se vuelva a licitar el mismo, conculcando de ese modo el derecho de los particulares o sociedades que legítimamente aspirasen a ser adjudicatarios del servicio a la conclusión del mismo, haciendo así ilusoria la libre concurrencia en la contratación pública”.

“Ante las dudas, lo lógico hubiera sido solicitar, con carácter previo a la adopción de la medida, el pronunciamiento o bien de la Junta Consultiva de Contratación del Estado o bien de la Comisión Consultiva de Contratación Pública de la Junta de Andalucía”.

En conclusión: lo dicho en este apartado junto con las consideraciones realizadas en los apartados anteriores (dudas sobre la existencia de un auténtico riesgo concesional, etc.) nos lleva a cuestionar la decisión de prorrogar el contrato”.

Una prórroga del contrato y un canon concesional aprobados en 2013 que consideramos lesivos para la Mancomunidad y para los usuarios, por lo que solicitamos que se recaben cuantos informes técnicos y jurídicos sean pertinentes y/o vinculantes, por si hubiese habido una posible irregularidad en la tramitación o aprobación de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación concordante. Y en su caso, si procede, promover la revisión de oficio y/o la declaración de lesividad de los citados acuerdos.

El grupo municipal del Partido Popular de Almuñécar, incide en este criterio al aprobar en el Pleno ordinario de 30 de noviembre de 2017 una alegación a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa del servicio integral del agua, en la que afirma textualmente:

“La prórroga (de 2013) prolongó en el tiempo un contrato abusivo y lesivo para los intereses municipales y los generales de la ciudadanía, con una antelación a su vigencia de siete años, una circunstancia inusual y anómala, no permitiendo dicha antelación una adecuada valoración de la prestación del servicio llevado a cabo por la concesionaria”… “Las condiciones económicas del contrato son inaceptables, con un 17,5% de margen de beneficio sobre facturación que encarece el servicio y que lejos de incentivar a la optimización de recursos, alienta el despilfarro de unos ingresos que deberían ser públicos.”

“La prórroga supuso la creación de un impuesto indirecto encubierto (en referencia a) la imposición de un canon por cesión de uso de las instalaciones… que se repercute de forma directa a los abonados a través de los recibos periódicos. Dicho ‘canon concesional’ calculado arbitrariamente en 2.180.506 €/año no se corresponde con ninguna actuación de inversión, mantenimiento o conservación en el ciclo integral del agua”.

“Por tanto, los 20,8 millones de euros del canon concesional que recibirán con carácter anticipado las administraciones locales y que abonará la ciudadanía durante los próximos 17 años, constituyen más bien un impuesto indirecto encubierto de nueva creación, ajeno al consumo y abastecimiento de agua, que no puede considerarse en modo alguno que pueda formar parte de una tasa.”

“La auditoría de ejecución del servicio durante el período 2010-2013 pone en duda la legalidad de la prórroga del contrato, denuncia la falta de colaboración de la empresa para su realización y otra serie de irregularidades”… “En consecuencia, entendemos que hasta que no se conozca el contenido final de dicho Informe de Auditoría no debería llevarse a cabo ningún tipo de actuación relacionada con la prestación del servicio, en especial la modificación de la ordenanza.”

Cuarta.- En el ‘Estudio de costes para el establecimiento de tasas por la prestación del servicio’, sometido a la aprobación provisional en la Junta General de 3 de noviembre de 2017, se plantean una serie de desequilibrios en los estudios tarifarios para el trienio 2015-2017, y una estimación para el año 2018, así como unas propuestas de subidas de las tarifas que, desde nuestro punto de vista, no se pueden aceptar mientras tanto no se tengan los resultados definitivos de la auditoría. No podemos asumir ni aprobarlas cuentas de una gestión que plantea numerosos interrogantes a la vista de los resultados provisionales de la auditoría.

Según la auditoría, hay falta de colaboración plena de la empresa concesionaria con la empresa auditora, pues no les aportan los documentos necesarios para poder realizar su cometido, apuntando a alteraciones en la contabilidad. Afirma la auditoría que Aguas y Servicios “facilitó una serie de registros contables” de dichos ejercicios “formada por gastos e ingresos, los cuales resultan incompletos una vez comparados con los saldos obtenidos a partir de las Cuentas Anuales depositadas en el registro Mercantil”. En este ‘Primer dossier’ la empresa auditora concluye que: “Tras el examen de los registros aportados, concluimos que estos no permiten el seguimiento cronológico de la integridad de sus operaciones, ni sirven de base periódica o son conciliables con las cuentas anuales de la empresa”.

Lo mismo que debemos rechazar, hasta conocer en profundidad y suficiencia estos resultados, las subidas tarifarias que se figuran en dicho ‘Estudio de costes’. Tanto las no realizadas en los años 2015-2016 con sus correspondientes déficits, la estimación de subida de tarifas del 5,2% para el año 2017, ni la propuesta o estimación para 2018 de un incremento del 2,51%.

En base a lo anterior, solicitamos que tales subidas queden en suspenso, hasta que los informes definitivos de la auditoría y de la Intervención de la Mancomunidad arrojen luz y transparencia sobre la realidad de los costes del servicio del ciclo integral del agua desde el año 2010 hasta el día de hoy.

En base a ello, presentamos las siguientes

PROPUESTAS DE ACUERDO:

1º.- Instar la urgente finalización de la auditoría externa encargada a la empresa Iberaudit Kreston, sobre la verificación del cumplimiento de la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, que debería de ser ampliada hasta el ejercicio 2017, y que permitirán conocer los datos reales de los costes del servicio y cumplimiento del contrato concesional desde el año 2010 hasta hoy, imprescindible para poder aprobar cualquier modificación de ordenanza que suponga un incremento de costes del servicio.

2º.- Dado que, según la información facilitada por la intervención de la Mancomunidad, se va a proceder a un cambio normativo a partir de marzo de 2018, por el que el servicio deberá ser considerado como una TARIFA, posición que nuestro grupo viene defendiendo desde que se modificó en 2013, no entendemos razonable revisar una tasa que va a dejar de tener la consideración de tal poco después de su entrada en vigor.

3º.- En base a lo expuesto en los puntos 1 y 2, se proceda a dejar sin efecto la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la prestación de los servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua.

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Archivado bajo Almuñécar, Costa Tropical, Motril, Política, Salobreña

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