MOTRIL. PODEMOS se hace eco de la situación trágica y desesperada de Omar y Vanesa. Esta pareja y sus cuatro hijos menores, han sido desahuciados por el Banco Popular de una vivienda que ocupaban en precario, que se encontraba vacía, propiedad de dicha entidad bancaria.

Según afirman los desahuciados, el desalojo se ha llevado a cabo de forma irregular, contraviniendo normas procesales, razón por la que han interpuesto la correspondiente denuncia ante el Juzgado de Guardia.

PODEMOS MOTRIL considera que el ejercicio del derecho a una necesidad básica, reconocida y garantizada expresamente en el artículo 47 de la C.E., de 1.978, no puede depender de la voluntad de un banco. Está claro, afirma la formación, que en el sistema económico en el que nos desenvolvemos, los intereses de las entidades bancarias deben ser protegidos en la forma en que las leyes determinen, pero no es menos cierto, que el derecho a una vivienda digna es un bien jurídico de orden superior que el Estado tiene la obligación de salvaguardar facilitando alternativa habitacional a aquellas unidades familiares que no puedan tener acceso por otras vías. Es el Estado el que debe de disponer y facilitar los medios para dar respuesta a estos casos de necesidad urgente y contrastada.

Según PODEMOS MOTRIL a Vanesa, Omar y sus cuatro hijos menores, no sólo se les priva de una vivienda, además se les está tratando a ellos y a tantos y tantos miles de familias desahuciadas, como si fuesen auténticos delincuentes a los que se cercenan otros derechos fundamentales igualmente reconocidos por los Tratados Internacionales y por la Constitución Española. Se les esta privando, entre otros, del derecho a su libertad (art. 17 C.E); de su integridad moral (art. 15 C.E), uno de sus hijos de 15 años de edad, no puede más con la situación de vergüenza que esta padeciendo; se les priva de su intimidad, de la inviolabilidad del domicilio y del secreto a las comunicaciones (art. 18 C.E.), de la protección a la infancia, (art. 20 C.E.), del derecho a la educación, (art. 27 de la C.E.)… El relato de derechos fundamentales ignorados por las administraciones públicas es más amplio aún, y a todo esto las instituciones siguen en sus trece de superponer los intereses privados de la banca por encima de los intereses de las personas.

Desde PODEMOS MOTRIL, apuestan por los principios establecidos en la proposición de Ley 25 que su grupo parlamentario tramitó en el Congreso de los Diputados la pasada legislatura, en el sentido de garantizar una alternativa habitacional para las unidades de convivencia sin recursos. Por ello reclaman:

• La creación de un parque de viviendas en colaboración con los grandes tenedores de vivienda.
• La retirada inmediata de los fondos que el Ayuntamiento de Motril, tenga con la entidad ejecutante o con cualquiera otra que lleve a cabo desahucios.
• El inmediato realojo de Omar, Vanesa y sus cuatro hijos menores mediante un alquiler social asequible a sus circunstancias.