GRANADA. «Una vez superada la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 la situación de la Sanidad pública parece que ha dejado de ser un tema central en el panorama político. Sin embargo, debería ser crucial ante el estado de deterioro al que se le ha sometido en virtud de la ola de neoliberalismo que padecemos», dicen desde la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada.

«Los distintos gobiernos del PP tanto a nivel nacional como en las distintas autonomías donde han gobernado, han incrementado y acelerado las medidas de deterioro y desmantelamiento de la Sanidad Pública y otros gobiernos de distinto signo no han adoptado medidas contundentes que revirtieran la situación. Así hemos llegado a un nivel de deterioro jamás imaginado en este país hace unas décadas, junto a una feroz campaña para convencer a la ciudadanía de la supuesta insostenibilidad del sistema», señalan desde la MDSP-GRANADA.  

«Las soluciones, que a medida que se deje de intervenir serán cada vez más difíciles de adoptar, deben venir tanto por parte de las administraciones estatales como autonómicas y no admiten más demoras». Y apuntan que entre ellas están:

• Garantizar una financiación del 8% del PIB. No es admisible que en un país como el nuestro las crisis económicas se solventen con brutales recortes en Sanidad como los que hemos sufrido, por lo que habría que garantizar al menos un 8% del PIB para su financiación, siendo esta finalista y sujeta al cumplimiento de objetivos del Plan Integrado de Salud que debería aprobarse.

• Es fundamental derogar o modificar aquellas leyes que suponen exclusiones al sistema inadmisibles. Los criterios de exclusión con tintes racistas del RDL 16/2012 fueron modificados por el RDL 7/2018 de Sanidad Universal. Sin embargo, ha permitido una interpretación por parte de las CCAA que siguen estableciendo limitaciones no garantizando la atención sanitaria a todas las personas que se encuentren en el país.

• ES INDISPENSABLE PARAR LAS PRIVATIZACIONES Y RECUPERAR LO PRIVATIZADO. Existe una falsa impresión de que la ola privatizadora anterior a la pandemia ha sido paralizada. Sin embargo, ante el rechazo de la población que ha observado cómo el proceso privatizador ha supuesto un aumento del coste, un aumento de la corrupción y que no ha ido parejo a una mejora de la atención sanitaria, se ha continuado con este proceso de forma más silenciosa y sibilina. Pese a la campaña para convencer de que la “colaboración público-privada” (eufemismo de privatización) es necesaria, los datos apuntan tozudamente a que no se mejoran los índices de calidad ni económicos con estas medidas.

• Utilización intensiva recursos públicos. Con el fin de favorecer y crear un clima adecuado que convenciera de la inevitabilidad de la privatización de servicios, los recursos tecnológicos y de infraestructuras de la Sanidad Pública se han infrautilizado en todas las CCAA. Para garantizar su adecuada utilización es indispensable el aumento de plantillas y una mejora del papel de la enfermería.

• Control del gasto farmacéutico. El gasto en farmacéutico está desbocado. No solo se ha incrementado en un 47,01% total del año 14 al 22 (76,51% en el gasto hospitalario), sino que un pacto con Farmaindustria que le garantiza a esta un crecimiento del gasto en paralelo con el PIB y medidas como la subasta de medicamentos que existían en la CCAA de Andalucía han sido eliminadas con banales excusas. La influencia de los lobby farmacéuticos propicia una utilización poco racional de dichos medicamentos y una intervención dirigida e interesada en la formación continuada de profesionales. Hay que garantizar un aumento del gasto farmacéutico por debajo del de los presupuestos sanitarios, así como apostar por una industria farmacéutica pública que frenen abusos como el desabastecimiento o los precios inflados. 

• Control de la sobreutilización en farmacia y en tecnologías sanitarias. En torno al 30% de las actuaciones en este ámbito no están justificadas. Hay que propiciar en este sentido un cambio en la cultura profesional, potenciado instrumentos como la evidencia científica y la seguridad de los pacientes.

• POTENCIAR LA ATENCIÓN PRIMARIA. La Atención Primaria tiene que se ser la base de todo el sistema sanitario. Su labor es clave en el aumento de la cantidad y calidad de vida en base a su labor en promoción y prevención de la salud, facilitar el acceso al Sistema en condiciones de equidad, racionalización y control eficiente de los recursos, garantía de continuidad de los cuidados y permitir la participación social en la planificación y control del sistema sanitario. Para ello hay que garantizar la atención en un máximo de 48 horas y de manera presencial cuando así los soliciten los usuarios, lo que necesita de, al menos el 25% del gasto sanitario público y el necesario aumento de las plantillas profesionales que lo hagan posible.

• Mejorar las condiciones laborales del personal. Los recortes que se han aplicado brutalmente en base a contratación de menos personal, con contratos muy precarios y cada vez en peores condiciones laborales, han propiciado el exilio laboral de muchas personas. Es necesario que la nueva política a aplicar garantice condiciones dignas, dedicación exclusiva al sistema público y una formación continuada al margen de intereses comerciales. Reorientar la política de personal.

• Dar protagonismo a la Salud Pública. La Ley General de Salud Pública (33/2011) sigue sin desarrollarse después de todos estos. No hay excusas para no poner en marcha la Agencia de Salud Pública y aprobar el Plan Integrado de Salud que favorecerían la relación entre AP y SP, cuya desconexión se evidenció durante la pandemia.

• Desarrollar mecanismos efectivos de participación social y profesional. La Sanidad Pública pertenece a la población que la sustenta con sus impuestos. En contra de las recomendaciones internacionales, no hay mecanismos efectivos para que la ciudadanía participemos de forma proactiva y no reactiva en la toma de decisiones en cuestiones que nos atañen tan directamente como las del sistema sanitario que es de todos y de todas.

«El sistema democrático no es perfecto, pero la experiencia demuestra que es el sistema que más equidad garantiza. Sin embargo, para que funcione no podemos hacer dejación de nuestro derecho y obligación como ciudadanos y ciudadanas en la elección de los y las representantes que tendrán en sus manos la capacidad de influir de forma tan directa en nuestras vidas», docem desde la MDSP-GRANADA.

«El voto ha de ser muy consciente y, aunque haya un sentimiento más o menos generalizado de decepción frente a la clase política, hay cuestiones meridianamente claras, como que las opciones conservadoras y de ultraderecha no solo no creen en el mantenimiento y potenciación de los Servicios Públicos (entre ellos, por supuesto, la Sanidad), sino que trabajarán activamente por su paulatino desmantelamiento pese a sus falaces declaraciones, porque forma parte de su ideario político», dicen desde la MDSP-GRANADA. 

Por eso la CAMB (Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas) hace un llamamiento vehemente a la ciudadanía «para que acudan el próximo 23J a depositar un voto consciente y coherente a partidos que garanticen un servicio público que, como pocos, es fundamental e influye radicalmente en los índices de equidad y solidaridad social».