ALMUÑÉCAR. El Equipo de Gobierno del PP reconoce ahora que “han desaparecido aquellos elementos que inicialmente tendieron a forzar la opción de proceder a la acusación particular, por lo que propone a la Junta de Gobierno Local que renuncie al mantenimiento de la misma”.

En Junta de Gobierno Local de Almuñécar, celebrada el 11 de febrero, el Gobierno Municipal del PP acordó renunciar a la acusación particular contra Julio Roldán, anterior ingeniero municipal, y Dionisio Rívas, Arquitecto técnico municipal, en el procedimiento que se abrió a instancia de una denuncia del PP ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid contra Juan Carlos Benavides y otros técnicos municipales por distintas cuestiones, entre las que destaca el posible desvío de fondos en las obras del Plan E y Proteja, y que en su momento se quedó reducida a una acusación contra Julio Roldán y Dionisio Rívas, tras sacar del procedimiento al ex alcalde.

Según el escrito, tras haber tenido acceso a las declaraciones de Roldán y Rivas, así como a la documentación aportada, “esta alcaldía considera que las precisiones efectuadas en sede judicial por ambos investigados, son suficientemente esclarecedoras y coherentes como para merecer credibilidad suficiente en orden a las acusaciones vertidas contra ambos”.

El Equipo de Gobierno del PP reconoce, ahora, la correcta ejecución de las obras investigadas, por lo que acuerdan renunciar a la acusación particular. “Este ayuntamiento entiende que han desaparecido aquellos elementos que inicialmente tendieron a forzar la opción de proceder a la acusación particular, por lo que propone a la Junta de Gobierno Local que renuncie al mantenimiento de la misma”, dicho propuesta se aprobó en la Junta Local de Gobierno.

Ante esto, cabe reflexionar sobre la situación que han tenido que sufrir ambos técnicos durante el tiempo que ha durado el proceso así como el esfuerzo en tiempo y dinero que han tenido que dedicar a defenderse de la graves acusaciones vertidas por el Equipo de Gobierno del PP, sin obviar el importante gasto que ha supuesto este procedimiento para los recursos públicos municipales.