En Andalucía existen aproximadamente 2.000 concesiones de playa, de las que unas 900 corresponden a chiringuitos, generando este sector empleo para unas 40.000 personas, según datos de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas).

… los chiringuitos son «motor económico, de desarrollo y generador de empleo», además de ser una actividad «fundamental» en buena parte del litoral mediterráneo español… hay que «proteger» al empresariado y a los empredendores para que «se desenvuelvan en un marco de seguridad, puedan hacer inversiones y sean competitivos». Así se manifestó el 3 de febrero, en Torremolinos (Málaga), el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, que ha asegurado que el Gobierno del Partido Popular irá de la mano de los empresarios de playas en la reforma de la Ley de Costas con el objetivo de proporcionar seguridad jurídica a esta actividad al tiempo que se protege el medio ambiente.

Ramos de Armas ha manifestado que estos profesionales serán aliados, y su colaboración se hace imprescindible, puesto que tienen mucho que decir al ser los primeros interesados en que las playas estén bien conservadas.

Es por ello que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente fijará unas reglas para un acuerdo de buenas prácticas medioambientales, de adhesión voluntaria, para el correcto estado de las playas. En este punto, ha admitido que los propietarios de chiringuitos «vienen haciendo una correcta gestión de los recursos y de los residuos, que se puede mejorar, pero queremos buscar esa alianza para la conservación de su entorno».

Esta ley, ha dicho, con una vigencia de casi 25 años, «ha generado complicaciones y merece la pena revisarla». Ramos de Armas ha manifestado que el litoral es «uno de los grandes valores medioambientales y también económico. Lo ha sido y lo será»; al tiempo que ha añadido que el Gobierno «cree en la economía verde, en ser más eficaz en la gestión de los recursos, controlar mejor las emisiones y tener menor impacto», pero teniendo en cuenta «la variable económica, que es clave».

«Sabemos bien qué ha servido y qué ha fallado en la Ley de Costas», ha precisado, enumerando los retrasos en las tramitaciones y las situaciones sin resolver, algo que, a juicio de Ramos de Armas, «no protege el medio ambiente ni beneficia a nadie». En este sentido, se ha referido a situaciones «irregulares o alegales» producidas por la «aplicación voluntarista de la ley, que ha generado confusiones».

Ha aludido al plazo de las concesiones, a la rigidez en las distancias, «que en ocasiones no tienen sentido», a la necesidad de estabilizar las playas, a la revisión de los deslindes, y otras cuestiones relacionadas. Todo ello requiere, ha concluido, una reforma adecuada «y tener un texto con un marco que dé estabilidad y asegure la conservación del litoral».

Por su parte, Javier Arenas, presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha hecho hincapié en que «hoy se pone fin a una operación de acoso y derribo de los chiringuitos».